Hace diez años, en 1996, la Comisión Europea elaboró el Libro Blanco para una estrategia y un Plan de Acción Comunitaria cuyo título era "Energía para el futuro: fuentes de energía renovables". El objetivo que se propuso la Comisión era llegar a producir el 12% de la electricidad de la UE a través de energías renovables. La electricidad constituye por si sola el sector energético más importante, ya que representa alrededor del 40% del consumo bruto de energía en la UE.

El Libro Blanco resaltó la importancia que la energía renovable tendría en la UE desde la perspectiva de la Política Regional: "Las fuentes de energía renovables tienen un elevado potencial en cuanto a la creación de empleo y al desarrollo de los recursos locales y de actividad en los sectores secundarios y terciarios (en particular en las zonas que dependen del Objetivo 1). Sin embargo, resulta esencial animar a los Estados miembros a que incluyan planes de aplicación de fuentes de energía renovables en los programas que presenten a los Fondos Estructurales (FEDER) para su cofinanciación... Es importante que la Comisión subraye que los fondos invertidos a escala regional en el desarrollo de las fuentes de energía renovables podrían contribuir a elevar los niveles de vida y de renta de las regiones menos favorecidas, periféricas, insulares, apartadas o en declive de diversas formas: favoreciendo el desarrollo regional, contribuyendo a la creación de empleos a nivel local, reforzando el suministro energético de las comunidades locales, el turismo ecológico, las áreas protegidas, etc."

Por otra parte, la Agenda 2000 se propuso también fomentar las fuentes de energía renovables. La biomasa, en particular, debería desarrollarse por todos los medios disponibles en el ámbito agrícola, fiscal o industrial. La PAC, podría contribuir, apoyando al sector de la biomasa energética a elevar el nivel de vida de distintas formas, entre otras, utilizando los residuos agrícolas y forestales como fuente fiable de suministros de materias primas. Asimismo, el programa ALTENER II se dotó de 77 millones de euros para la promoción de la energía renovable.
¿Qué ha sucedido durante esto diez años en Extremadura con la energía renovable, en concreto con la eólica? Hasta el 30 de Agosto de 2005 nada, fecha en la que la Junta de Extremadura emitió el Decreto 192/2005 sobre "Producción de energía eléctrica a través de parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura". Mientras y durante estos diez años España se ha situado como el tercer país del mundo en producción de energía eólica, a lo que lamentable Extremadura no ha aportado un watio. Sin embargo, hemos visto reducir en un 40% la producción eléctrica de los embalses debido a la sequía y la central nuclear de Almaraz ya tiene fecha de caducidad para el 2010.

La Junta de Extremadura sí se dedicó sin embargo, a aplicar diligentemente durante este tiempo, dos directivas europeas que hoy hacen de nuestra comunidad una de las más restrictivas en materia medioambiental: la Directiva de aves 79/409 CEE y la Directiva de hábitats 92/43 CEE. En virtud de estas directivas se inició un proceso de varias fases para constituir la Red Natura 2000: fase previa (cada Estado determina los hábitats y especies que quiere proteger) de concertación (los Estados miembros y la Comisión Europea determinan los lugares de importancia comunitaria, LICs, en base a una serie de factores ambientales) y la fase final (una vez que un lugar es declarado como LIC, el Estado ha de declararlo como zona de especial conservación, ZEC, en seis años). Posteriormente, previa propuesta de las Comunidades Autónomas al Ministerio de Medio Ambiente, los Estados miembros designan las zonas de especial protección de aves, ZEPAs, que pasan a integrarse en la Red Natura 2000. La lista comprende aproximadamente 1025 lugares y una superficie de 11,5 millones de hectáreas, el 22% del territorio español. En Extremadura la superficie bajo la denominación ZEPAs se eleva a 1.089.232 de hectáreas, es decir el 10% de la superficie total ZEPAs de España. Por lo que a Sierra de Gata y Valle de las Pilas respecta son 18.522 hectáreas. Las actuaciones o procedimientos que se pretendan realizar en dichos lugares están sujetos a un procedimiento regulado por el artículo 6 de la Directiva europea anteriormente mencionada. El desarrollo de la Directiva quedó plasmado en dos Reales Decretos: 1997/1995 y 1193/1998.

Consecuencia del desarrollo de esta normativa en extremo rigorista por parte de la Junta de Extremadura (nada que ver con la elaborada en otras comunidades autónomas) el Decreto 192/2005 sobre producción eléctrica a través de parques eólicos en el ámbito de la C.A. de Extremadura, estableció en su artículo 7, "la relación de lugares que por su sensibilidad ambiental no resultan adecuados para el establecimiento de este tipo de instalaciones", declarándolos "zonas excluidas". En total 15 zonas que comprenden a su vez 47 espacios o subzonas, cuya relación ocuparía dos folios tal como en el Anexo de dicho Decreto. En esos cuarenta y siete espacios existen pueblos y personas, aparte de aves protegidas, que viven duramente de la actividad agrícola en un medio tan castigado como el rural. Amenazados por la pérdida de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural (FEDER) debido a la ampliación de la UE y una Política Agrícola Común (PAC) de futuro incierto en la UE. Cuya despoblación motivada por el desempleo es alarmante y cuyos pueblos están inexorablemente condenados a desaparecer si la situación no se remedia. Por ello me pregunto: ¿está Extremadura en condiciones de desaprovechar oportunidades de desarrollo como el que la instalación y mantenimiento de parques eólicos le presenta? Claramente NO.

¿Qué ventajas tiene la energía eólica? Se produce de forma continua y es inagotable, no contaminante, no es una fuente autóctona (existe en todas las áreas geográficas) y favorece el equilibrio territorial (ya que suelen instalarse en zonas rurales). ¿Qué beneficios aporta a los municipios? Económicos: alquiler de terrenos, de molinos, impuestos de bienes inmuebles (IBI) y (IAE) y laborales: creación de puestos de trabajo temporal durante la ejecución del parque y fijo para su posterior mantenimiento. A modo de ejemplo, un parque de 30 aerogeneradores supondría anualmente para un municipio, unos 90.000 euros de alquiler (a razón de 3000 euros por molino y año) aparte impuestos y la creación de 6 puestos de trabajo permanentes para mantenimiento. ¿Se pueden permitir los pueblos de Extremadura dejar pasar de largo estos beneficios? NO. ¿Qué ingresos ha supuesto para nuestros pueblos la creación de las Zonas Especiales de Protección de Aves, ZEPAs? Ninguno.
No es de extrañar por tanto, que los alcaldes de algunas zonas, mas bien tendríamos que decir comarcas, declaradas "zonas excluidas" en el artículo 7 del Decreto 192/2005 de la Junta de Extremadura, se hayan rebelado contra dicha decisión, como fue el caso de Las Hurdes. Duramente castigada por los incendios en años pasados, arrasada su riqueza maderera y paisajística, veía como se le cerraba la posibilidad de recibir unos suculentos ingresos y lógicamente no estaban dispuestos "a pasar por el aro". Y cuando no hay más remedio y es el futuro de tu pueblo el que está en juego, hay que hacer entender a los políticos independientemente del signo político que sean, que con "los pájaros podrán jugar pero con los hombres y mujeres, sus hijos y su futuro NO".


Autor: Juan Carlos García Delgado.